Correísmo exige la destitución de Lucía Jaramillo tras revelar investigación a empresa vinculada al alcalde de Guayaquil

Victoria Desintonio (RC) denuncia a Lucía Jaramillo por grave falta administrativa al intentar fiscalizar a Copedesa.

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC), liderada por la legisladora Victoria Desintonio, ha presentado una queja formal contra la asambleísta Lucía Jaramillo por el presunto mal uso de las instalaciones de la Asamblea Nacional. La denuncia se centra en el anuncio de Jaramillo sobre una fiscalización a la empresa privada Copedesa, dedicada a la comercialización de combustibles y actualmente investigada por comercio irregular de estos productos.

Lucía Jaramillo, miembro de la bancada Acción Democrática Nacional (AND) y del Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustibles, está en el centro de la controversia. Este grupo, formado para investigar las acusaciones contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha generado una fuerte disputa política y una crisis dentro del legislativo.

Lucía Jaramillo en el ojo del huracán

El martes 16 de julio, Lucía Jaramillo ofreció una rueda de prensa en las instalaciones de la Asamblea Nacional en Quito, detallando el trabajo que llevará a cabo el Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustibles. Jaramillo reveló que la investigación responde a una denuncia reciente presentada en la Fiscalía General del Estado, que implica a cuatro empresas, incluyendo Copedesa, vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en un presunto esquema de contrabando de combustible.

La asambleísta Victoria Desintonio ha denunciado a Lucía Jaramillo por uso indebido de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Jaramillo realizó una rueda de prensa en el Palacio Legislativo para anunciar una fiscalización a Copedesa, vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Desintonio argumenta que Jaramillo violó normas legislativas y dañó el prestigio de la Asamblea al llevar a cabo un proceso de fiscalización que debería estar a cargo de otras instituciones del Estado. La denuncia se basa en la grave falta administrativa conforme al reglamento y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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