El gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, ha recibido un dictamen parcial de la Corte Constitucional en relación con la consulta popular propuesta, con seis preguntas aprobadas. Estas preguntas, de obtener respaldo ciudadano, requerirán cambios sustanciales en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley de Extinción de Dominio. La Corte Constitucional establece condiciones y advertencias importantes.
En primer lugar, se destaca que los proyectos de ley resultantes de la consulta deben ceñirse exclusivamente a los términos planteados en la misma, quedando vedado incluir temas que no hayan sido sometidos al análisis de la Corte Constitucional. Además, se enfatiza que el uso del verbo «aprobar» en las preguntas no implica que el Poder Legislativo deba aceptar los textos sin discusión, dejando claro que los jueces conservan la potestad de controlar la constitucionalidad de las medidas normativas.
La Corte también aconseja al presidente Noboa evaluar el hacinamiento carcelario y adoptar medidas que cumplan con estándares constitucionales. Se subraya que los textos legales deberán respetar la proporcionalidad en la gradación de penas, el principio de mínima intervención penal y los fines perseguidos por el sistema penal ecuatoriano.
En cuanto al proceso legislativo, se indica que la Asamblea Nacional deberá seguir las etapas ordinarias, incluyendo dos debates y la aprobación por el quórum establecido en la ley. Además, se establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá unificar los textos de las preguntas 4, 5, 6, 7 y 9 en una sola papeleta.
La Corte Constitucional aún tiene pendiente el dictamen de control previo para otras propuestas que fueron admitidas para ser tratadas por la vía de enmienda a la constitución. Estas propuestas abordan temas como la extradición de ecuatorianos, la facultad del presidente para calificar como urgentes proyectos de ley y la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional. Este dictamen parcial enfatiza la importancia de seguir procesos y garantizar la legalidad en caso de que la consulta popular sea respaldada por la ciudadanía.
