Los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) votaron unánimemente a favor de anular y archivar todos los procedimientos administrativos relacionados con una queja presentada el 22 de mayo contra la fiscal Diana Salazar. Esta denuncia fue presentada por un colectivo llamado Acción Jurídica Popular, que acusó a Salazar de haber plagiado su tesis de grado. Además, se decidió poner fin y archivar todas las administrativas relacionadas con la creación de la Veeduría Ciudadana, cuyo propósito era evaluar las decisiones del Consejo Transitorio en lo que respeta al cese de funciones de los jueces de la Corte Constitucional y la designación de sus reemplazos.
El 6 de octubre pasado, los jueces de la Corte Constitucional (CC) determinaron que ambas acciones habían resultado en el incumplimiento de un dictamen emitido en 2019, que respaldaba las acciones del CPCCS transitorio, presidido por Julio César Trujillo. Como resultado de esta determinación, se ordenó que ambos procesos fueran eliminados en un plazo de diez días a partir de la notificación. La fecha límite para cumplir con esta medida era el 23 de octubre. La presidenta del CPCCS, Nicole Bonifaz, explicó esta decisión.
