El 3 de junio de 2024, la Fiscalía General del Estado revelará su dictamen en el polémico caso Metástasis. La fiscal Diana Salazar decidirá cuántos de los 52 procesados serán acusados formalmente y llevados a juicio por presunta delincuencia organizada. En un giro inesperado, el Ministerio Público podría optar por no acusar a algunos de los implicados, lo que permitiría al juez Felipe Córdova sobreseer a estos individuos, levantando serias dudas sobre el manejo de la justicia en el país.
Sin embargo, hay otra arista controversial en este caso. Hasta ahora, 13 de los 52 procesados han solicitado someterse a un procedimiento abreviado, buscando una salida negociada. Los más recientes en pedir esta figura fueron:
- Daniel Salcedo
- Mayra Salazar
- Carlos Mendoza
Salcedo, ya sentenciado por corrupción hospitalaria, habría continuado sus negocios ilícitos con el narcotraficante Leandro Norero desde prisión. Salazar, exrelacionadora pública de la Corte del Guayas, ha sido acusada de facilitar favores judiciales para Norero. Mendoza, quien fue guía penitenciario en la cárcel de Cotopaxi cuando Norero estaba recluido, ha sido vinculado financieramente con el narcotraficante, según hallazgos de la Fiscalía.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) define el procedimiento abreviado como un juicio rápido en el cual los acusados admiten haber cometido el delito imputado y, a cambio, reciben una pena reducida.
Si bien los procesados lo han solicitado, legalmente este tipo de procedimiento debe ser propuesto por la Fiscalía, entre la audiencia de formulación de cargos y la preparatoria de juicio. Además, debe ser aceptado por el juez Córdova. Una posible reducción de la pena dependerá de una negociación entre la Fiscalía y los procesados.
En estas conversaciones, se tomarán en cuenta los hechos imputados y admitidos. También se considerarán las atenuantes, incluyendo la denominada atenuante trascendental. Según el COIP, esta se refiere a datos o informaciones precisas, verdaderas y comprobables sobre el caso.
Fuente: Primicias