Este martes 8 de abril, la fiscal general Diana Salazar dará a conocer si permanece o no en funciones más allá del tiempo para el que fue designada. Mañana concluye el periodo de seis años desde su elección, pero el país aún no cuenta con un reemplazo oficial.
El proceso de selección de su sucesor está actualmente paralizado en el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo que atraviesa una crisis interna, con tres de sus consejeros recientemente destituidos y en medio de un proceso penal relacionado con el caso Ligados.
Previendo esta situación, el pasado 24 de febrero, Salazar consultó al Procurador General sobre los pasos a seguir si llegaba el fin de su mandato sin que se nombre al siguiente fiscal. La respuesta fue clara: sí puede continuar en el cargo hasta que se posesione a su sucesor. Ahora, la decisión está en sus manos.
«La fiscal general del estado puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada, a fin de garantizar la representación institucional…».
El fiscal subrogante Wilson Toainga también debe seguir en funciones prorrogadas, según la respuesta.
Reelección?
Existen antecedentes previos en los que la Procuraduría General del Estado ha emitido criterios similares. En los años 2017, 2024 y enero de 2025, la entidad ya había sostenido que ninguna función del Estado puede quedar acéfala. En ese contexto, y en casos como el del Consejo Nacional Electoral o el Consejo de la Judicatura, se determinó que una prórroga en el cargo es legal y procedente.
Además, el Código Orgánico de la Función Judicial refuerza esta posibilidad, al establecer de forma clara que el cargo de Fiscal General debe ejercerse por una sola vez, pero con la posibilidad de permanecer en funciones hasta que se designe un reemplazo.
«Sin posibilidad de reelección. Cumplido el período, la máxima autoridad podrá mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su reemplazo»
Si Diana Salazar opta por mantenerse al frente de la Fiscalía General, su permanencia podría prolongarse durante varios meses. Esto se debe a que el proceso para elegir a su sucesor avanza lentamente y, hasta el momento, apenas se ha logrado conformar la veeduría ciudadana, encargada de vigilar el desarrollo del concurso.
