Este jueves, el Consejo de la Judicatura tomó una drástica decisión: cinco jueces y una secretaria judicial fueron destituidos por su conexión con el Caso Plaga. Según fuentes de la entidad, estos funcionarios habrían recibido hasta $60,000 a cambio de otorgar beneficios penitenciarios a reclusos.
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La reunión del pleno, que se llevó a cabo el 3 de octubre de 2024, fue clave para abordar la corrupción en el sistema judicial. En un informe detallado, se especificó que cuatro jueces y la secretaria eran de Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras que un magistrado trabajaba en Huaquillas, El Oro.
En redes sociales, la Judicatura enfatizó su compromiso: “La actual administración no permitirá que la corrupción socave la confianza ciudadana en la justicia. Cualquier conducta irregular será investigada y sancionada, sin importar el rango”. Esta declaración dejó claro que la lucha contra la corrupción es una prioridad.
La destitución fue aprobada de manera unánime por los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavides, y el presidente Mario Godoy. La medida se fundamentó en violaciones de los artículos 109.11 y 109.19 del Código Orgánico de la Función Judicial, que sancionan a quienes comprometen su imparcialidad por recibir beneficios indebidos.
El Caso Plaga es una compleja red de corrupción que incluye a jueces, fiscales, policías y abogados. Las investigaciones revelaron que estos funcionarios facilitaban libertades y beneficios a cambio de grandes sumas de dinero. Originalmente, 14 personas fueron procesadas, pero tras nuevas detenciones, el número aumentó a 17.
Después de las arrestos, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los implicados y en la audiencia se expusieron los detalles de su participación en esta trama. Finalmente, el juez dictó prisión preventiva para 14 de los detenidos y aplicó medidas sustitutivas para los restantes. ¡La saga de la corrupción judicial apenas comienza!
