El presidente Daniel Noboa volvió a lanzar duras críticas contra la Corte Constitucional y esta vez convocó a una movilización ciudadana que se realizará el martes 12 de agosto de 2025 en Quito. El anuncio lo hizo durante un evento público con agricultores en Daule, provincia del Guayas, este martes 6 de agosto.
“Estamos en un momento crucial”, advirtió el Mandatario, al referirse a la consulta popular que enviará en las próximas horas a la Corte. “No podemos permitir que nueve personas escondidas, que ni foto quieren salir, derriben leyes que buscan devolverle la seguridad y la paz a ustedes y a sus familias”, afirmó ante el público.
Noboa confirmó que será una movilización pacífica y que él mismo estará presente, encabezando la marcha hasta la sede de la Corte Constitucional, en el sector de La Mariscal en el centro-norte de Quito.
Crisis entre el Gobierno y la Corte Constitucional
La tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional se ha intensificado tras las demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales contra las tres leyes económicas urgentes promovidas por el Gobierno: la Ley de Inteligencia, la de Solidaridad y la de Integridad.
La Corte ya ha suspendido temporalmente algunos artículos de esas leyes, por considerarlos potencialmente contrarios a la Constitución. Esto provocó una rápida reacción desde el Ejecutivo. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, aparecieron en un video junto a fuerzas de seguridad para rechazar la decisión del alto tribunal.
“Mientras los jueces deliberan en sus escritorios, ¿quién responde por la vida de quienes arriesgan todo en las calles?”, cuestionó Rovira en su declaración.
Consulta popular y control sobre los jueces
Uno de los puntos más polémicos del paquete de preguntas que el presidente Noboa enviará a consulta es la posibilidad de que la Asamblea Nacional ejerza control político sobre los jueces de la Corte Constitucional. Rovira niega que se trate de una represalia, aunque el contexto de enfrentamiento entre funciones del Estado hace crecer la inquietud en distintos sectores.
El conflicto ya ha encendido las alertas de organismos internacionales, que advierten sobre un posible intento de interferencia política en la independencia judicial ecuatoriana.
