El Consejo de la Judicatura (CJ) atraviesa una de las peores crisis institucionales de su historia. Este miércoles 23 de abril, el organismo volvió a fracasar en su intento de instalar el pleno, por cuarta vez consecutiva, debido a la falta de quórum: actualmente solo tres de sus cinco vocales titulares están en funciones, lo que mantiene al CJ prácticamente paralizado.
Este estancamiento es consecuencia de una cadena de destituciones, sentencias penales, procesos por corrupción y renuncias. En apenas dos años, siete vocales han abandonado el Consejo, dejando vacantes que ya no pueden ser cubiertas ni siquiera por suplentes. El deterioro comenzó con la gestión de Wilman Terán, quien asumió como presidente tras ser postulado por la Corte Nacional. Su periodo estuvo marcado por escándalos judiciales: hoy cumple una condena en La Roca por delincuencia organizada en el caso Metástasis, y enfrenta otro juicio por obstrucción de la justicia.
A Terán se suman los casos de Xavier Muñoz y Maribel Barreno, sentenciados en el proceso Independencia Judicial, y Juan José Morillo, quien fue procesado por tráfico de influencias y perdió su cargo. También salieron del CJ Fausto Murillo, destituido por la Asamblea, y Elcy Celi, quien renunció a asumir ese puesto. El último en irse fue Merck Benavides, alegando compromisos académicos.
Esta crisis ha dejado al pleno sin capacidad para tomar decisiones claves, lo que agrava la sensación de que la justicia en Ecuador está debilitada y sin rumbo. Aunque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) prometió reactivar el concurso público para renovar al CJ, no ha dado fechas concretas, lo que mantiene a la función judicial en un limbo preocupante.
