La jueza electoral Ivonne Coloma ha aceptado la denuncia contra Eduardo Franco Loor, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por presunta infracción electoral. La acusación, impulsada por los asambleístas Adrián Castro y Diego Matovelle de la bancada Acción Democrática Nacional, llega en un momento crítico de cara a las elecciones generales del 9 de febrero.
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La denuncia apunta a que Franco Loor habría realizado pronunciamientos políticos en redes sociales, lo cual podría ser interpretado como un intento de interferir en el proceso electoral. Según el artículo 279 del Código de la Democracia, se establecen sanciones severas, que van desde multas millonarias hasta la destitución y la suspensión de derechos de participación por un período de hasta cuatro años.
El proceso judicial avanza rápidamente y ahora se analiza si existen suficientes pruebas para aplicar estas drásticas sanciones a un alto funcionario, lo que ha desatado el debate sobre la imparcialidad de los actores públicos durante las elecciones.
