La justicia rechazó la acción de protección presentada por la asambleísta electa Jhajaira Urresta, perteneciente al movimiento Revolución Ciudadana, con el fin de evitar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgue las credenciales de asambleísta a Patricio Carrillo. A pesar la previa inhabilitación de Carrillo por un periodo de dos años para ocupar cargos públicos por parte de la Asamblea Nacional disuelta, la jueza de Pichincha Sara Jiménez aceptó su argumento de que su elección como legislador (1,7 millones de votos) por el Movimiento Construye en las elecciones del 20 de agosto planteaba una situación diferente, dado que se trataba de un cargo de elección popular.
La censura que Carrillo enfrentó se relacionó con dos incidentes: la represión de la Policía Nacional durante las protestas lideradas por el movimiento indígena en junio de 2022 y el femicidio de la abogada María Belén Bernal, quien fue asesinada dentro de una instalación policial por su esposo, quien en ese momento era un oficial de policía en servicio activo.