El correísmo ha marcado como objetivo principal la destitución de la fiscal general, Diana Salazar, debido a los procesos penales en su contra. A pesar de sus intentos de censurarla y llevar a cabo un juicio político, no han recibido respaldo de otras bancadas.
Tan solo una semana después de asumir su cargo, la asambleísta Gissela Garzón presentó una solicitud de juicio político basada en un supuesto incumplimiento de funciones sin argumentos claros. Para acelerar el proceso, la Comisión de Fiscalización, liderada por Pamela Aguirre, también del correísmo, archivó tres de los seis juicios políticos pendientes y suspendió otro, dejando solo dos para el Pleno evaluar.
En su camino hacia el objetivo, el correísmo perdió la compostura. Un claro ejemplo ocurrió este lunes, cuando intentaron convertir una comparecencia de la fiscal general en la comisión de fiscalización en un enfrentamiento con un prófugo de la justicia. Durante la sesión, se mostró en pantalla a Ronny Aleaga, procesado por el caso Metástasis. Este hecho llevó a que Salazar se retirara, al igual que los legisladores de otras bancadas, dejando sin quórum la sesión.
El correísmo enfrenta una batalla cuesta arriba en un momento en el que Salazar ha promovido procesos judiciales que han impactado al movimiento. El caso Sobornos resultó en la exclusión de Rafael Correa de la arena política, mientras que otras investigaciones, como el caso Odebrecht y las derivadas del paro nacional de octubre de 2019, han llevado a la detención de varios miembros del movimiento.
