Noboa exige al INEC una auditoría exhaustiva sobre las muertes violentas desde 2008 hasta 2023

La orden de Noboa al INEC surge tras descubrirse un subregistro sospechoso de más de 7,000 homicidios en la última década.

Daniel Noboa, presidente de la República, ha ordenado una auditoría completa al INEC sobre homicidios, muertes violentas, tráfico de menores y desapariciones desde 2008 hasta 2023. La medida se toma tras descubrir un subregistro potencial de más de 7,000 homicidios en diez años.

«Solicitaremos a la Fiscalía General del Estado (FGE) que inicie una investigación urgente ante la posibilidad de falsificación de documentos públicos», advirtió el presidente en un comunicado difundido en redes sociales.

Asi mismo exige a la FGE una investigación contra Pablo Aníbal Izquierdo, exasesor de salud del gobierno de Rafael Correa, por posibles irregularidades en la gestión de políticas de salud. Izquierdo, que se encuentra preso en Quito desde julio por pornografía infantil, podría estar implicado en un escándalo mayor. Noboa recalca que la auditoría y la investigación buscan justicia y no tienen fines políticos.

Un análisis revelador de Arduino Tomasi desvela que 7,739 muertes violentas entre 2008 y 2018 en Ecuador fueron registradas como de intención no determinada. Estas muertes, sin clasificación clara entre homicidio, accidente o suicidio, muestran un patrón irregular tras la salida de la Base de Manta.

Tomasi también destaca un aumento del 69% en la trata de menores, superando el promedio latinoamericano, y un incremento en las desapariciones de personas.

En 2023, Ecuador se convirtió en el país líder en homicidios per cápita en Latinoamérica, con una alarmante tasa de 47.2 por cada 100,000 habitantes, un incremento de ocho veces respecto a 2016. Esta escalada de violencia se atribuye a la actividad de grupos criminales, especialmente en narcotráfico y minería ilegal.

Desde el inicio del año, Daniel Noboa ha escalado la lucha contra el crimen organizado a un conflicto armado interno, clasificando a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Se decretó un estado de excepción que incluyó la militarización de las cárceles controladas por estas organizaciones.

A pesar de estas medidas drásticas, las masacres, secuestros y extorsiones continúan. Sin embargo, el Gobierno de Noboa asegura que las cifras de delitos han mejorado, con una reducción del 17% en las muertes violentas a nivel nacional en 2024 en comparación con el año anterior.

Te puede interesar