El presidente Daniel Noboa declaró un estado de excepción focalizado por 60 días en siete provincias, dos cantones y todos los recintos carcelarios del país, debido a una «grave conmoción interna». Según el mandatario, la medida responde al incremento de violencia, delitos y la intensificación de actos ilícitos por parte de grupos armados organizados.
El decreto 599 fue firmado el 12 de abril, un día antes de las elecciones de segunda vuelta.
Las provincias afectadas son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, mientras que los cantones son Quito (Pichincha) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay).
Medidas clave del estado de excepción
Con la aplicación del estado de excepción en las siete provincias, los dos cantones y todas las cárceles del país, se suspenden varios derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que otorga a la fuerza pública la facultad de ingresar a las viviendas para realizar allanamientos y requisas, siempre que existan indicios de delincuentes, armas o drogas ocultos.
También se suspende el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia en las cárceles. Esto significa que cartas y mensajes dirigidos a los presos, tanto físicos como electrónicos, podrán ser revisados por las autoridades.
Asimismo, se suspende el derecho a la libertad de reunión, permitiendo a la fuerza pública desarticular cualquier reunión en espacios públicos que represente una amenaza para la seguridad ciudadana y el orden público.
El decreto aclara, sin embargo, que estas medidas no afectan el derecho a la protesta pacífica ni la libertad de asociación.
