La Asamblea Nacional está inmersa en un polémico debate: una propuesta del oficialismo plantea que los adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados con las mismas penas que los adultos. Esta medida forma parte del borrador de la Ley Orgánica de Integridad Pública y ha generado fuerte rechazo por parte de expertos en derechos humanos y defensores de la niñez.
Mientras tanto, el bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) sostiene que endurecer las penas es clave para frenar el reclutamiento de jóvenes por parte de bandas criminales, especialmente en casos de sicariato, secuestro y femicidio.
La Constitución de Ecuador establece que los adolescentes infractores deben recibir medidas socioeducativas, proporcionales a sus actos, con la privación de libertad como último recurso. Actualmente, estos procesos se rigen bajo el Código de la Niñez y Adolescencia, que prevé respuestas como internamiento temporal, trabajo comunitario o apoyo familiar, dependiendo de la gravedad del delito
El nuevo planteamiento propone que los menores de edad sean castigados con internamientos prolongados, iguales a los de un adulto, si cometen delitos con penas superiores a 10 años de prisión. Esto podría significar condenas de hasta 40 años, como lo contempla el Código Orgánico Integral Penal (COIP) por acumulación de penas.
Sin embargo, juristas y constitucionalistas cuestionan la legalidad de la propuesta. Daniel Gallegos, abogado constitucionalista, asegura que se trata de una iniciativa inconstitucional, ya que rompe con el modelo de reinserción social juvenil estipulado por la Carta Magna. Además, el abogado Pablo Encalada advierte que enviar jóvenes a cárceles para adultos solo aumentará su exposición al crimen organizado.
Otro aspecto crítico es que esta reforma fue incluida dentro de un paquete legislativo enfocado en contratación pública, lo cual podría violar el principio de unidad de materia. El constitucionalista Gonzalo Muñoz lo califica como un error técnico grave: “¿Qué tiene que ver la justicia juvenil con las compras públicas del Estado?”, cuestionó.
Finalmente, incluso si se aprueba, trasladar a jóvenes infractores a cárceles comunes sería logísticamente inviable, ya que los centros de adolescentes infractores tienen espacio, mientras que las cárceles de adultos están hacinadas, con un 23 % de sobrepoblación.
Fuente: Ecuavisa
