Ayer, 6 de mayo de 2024, se volvió viral un vídeo de un minuto que mostraba a hombres talando manglares, mientras voces angustiadas preguntaban sobre la legalidad de lo que ocurría. Los árboles de mangle estaban siendo cortados en el Bosque Protector Esterillo Oloncito, una zona protegida desde el 30 de noviembre de 2001 en la provincia de Santa Elena. Esta tala se estaba llevando a cabo para dar paso a un proyecto inmobiliario respaldado por una empresa de la que la primera dama, Lavinia Valbonesi, es propietaria.
Aunque el vídeo se haya viralizado recientemente, la situación se remonta a varios meses atrás. En una entrevista en un podcast, el actor y director de cine Andrés Crespo, vecino de la residencia del presidente Daniel Noboa en Olón, relató un incidente violento que tuvo lugar en enero. Durante este episodio, se realizaron arrestos y se produjeron conflictos relacionados con las elecciones para la presidencia de la comuna de Olón.
Crespo afirmó: «Hubo problemas y él (Daniel Noboa) envió militares y policías para tratar de asegurar la victoria de su candidato y obtener el permiso necesario«
En la actualidad, los miembros de la comunidad han establecido una protesta continua para impedir la tala de los manglares. Portando carteles con consignas como «Detengamos la deforestación», expresan su rechazo al proyecto inmobiliario que pretende rellenar el estero, lo que resultaría en la afectación de al menos 54 árboles y parte de la vegetación circundante, de los cuales ya se han talado 21.
La empresa contratista Vinazin S.A. afirma haber obtenido el Registro Ambiental del Ministerio de Ambiente, dirigido por Sade Fritschi, el 5 de diciembre de 2023, para llevar a cabo el proyecto urbanístico Echo. No obstante, especialistas en derecho ambiental están cuestionando la validez de este permiso, especialmente debido a la ubicación del área, que está protegida.
Construcción incumple tres condiciones ambientales como mínimo
A pesar de las solicitudes repetidas de este medio al Ministerio de Ambiente para obtener claridad sobre la legalidad de la construcción y los documentos que respaldan el proyecto, no hemos recibido respuesta hasta el momento. Los ambientalistas también han expresado sus preocupaciones sobre la actuación del Ministerio.
Mónica Cabrera, ambientalista y miembro de Rescate Animal y Pacifico Libre, especializada en temas de derecho ambiental, cuestiona el hecho de que se haya otorgado solo un registro ambiental para un proyecto de esta envergadura, señalando que se debería haber obtenido una licencia ambiental. Dado que se trata de un área protegida, dice que no comprende los argumentos o el sustento técnico detrás de la decisión del Ministerio.
Es importante destacar que la empresa Geosísmica, donde el ministro de Transporte, Roberto Luque, figura como accionista, realizó los estudios de factibilidad para el Ministerio de Ambiente en septiembre de 2023.
Cabrera destaca que, debido a tratarse de un área forestal protegida, los permisos y procesos son más estrictos. Esta opinión es compartida por Inés Manzano, experta en derecho ambiental, quien explica que el registro no implica trámites adicionales y puede ser solicitado por cualquier persona de forma completamente digital.
Sin embargo, en el caso específico de la construcción de edificios y el manejo de sistemas de tratamiento de aguas residuales, como en este caso, se requiere una licencia ambiental. Manzano aclara: «Este permiso solo puede ser otorgado por empresas consultoras debidamente registradas en el Ministerio del Ambiente o por consultores ambientales acreditados».
