La sesión número 900 en el Pleno de la Asamblea Nacional se lleva a cabo este jueves 15 de febrero de 2023 para discutir, en segundo debate, el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este proyecto unifica 43 iniciativas legislativas y se presenta como una herramienta para combatir la inseguridad ciudadana y la delincuencia organizada.
La convocatoria fue realizada por el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. El debate se basará en el informe elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que consultó la opinión de diversos expertos en Derecho Penal, Ambiental, Rehabilitación Social, entre otros.
PUNTOS DEL ANÁLISIS DEL PROYECTO
El objetivo principal de estas reformas es establecer normas que garanticen el ejercicio de los derechos a una cultura de paz, seguridad integral y una sociedad democrática y libre de corrupción.
La comisión destaca que, en la situación actual, se busca proporcionar seguridad a la sociedad. Por lo tanto, el Parlamento ha acogido propuestas que incluyen el endurecimiento de penas como medida preventiva.
Entre las modificaciones más significativas se encuentra el aumento de las penas para delitos contra la vida y aquellos que afectan la eficiencia del Estado. Por ejemplo, la pena máxima por sicariato se elevará de 26 a 30 años, mientras que para el delito de terrorismo se ampliará de 13 a 18 años. Del mismo modo, la delincuencia organizada será castigada con hasta 13 años, en comparación con los 10 años actuales.
Además, se tomarán decisiones importantes sobre la posible eliminación de beneficios penitenciarios para quienes cometan crímenes graves, como asesinato, femicidio, sicariato, secuestro, extorsión, tráfico de migrantes y tráfico de drogas a gran escala.
El proyecto también incluye la tipificación de dos nuevos delitos: el feminicidio, con una pena de 1 a 3 años para los servidores públicos que nieguen o retarden el auxilio para prevenirlo, y la propagación de enfermedades infectocontagiosas, dirigido a quienes buscan propagar el VIH conscientemente.
Por último, se extenderá la prohibición para que los extranjeros condenados que hayan cumplido su pena en Ecuador regresen al país de 10 a 20 años, según las reformas planteadas al COIP.
Es importante destacar que las reformas no incluyeron las solicitudes de varios sectores que abogaban por juzgar a los adolescentes como adultos en casos de delitos graves.
