La ley prescribe protección especial a los informantes conocidos como «testigos protegidos», debido a su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en Ecuador, lamentablemente, esta protección no se aplicó adecuadamente en el caso de J.P.A.M. En cuestión de segundos, varios medios, partidos políticos y abogados divulgaron no solo la identidad de este testigo, sino también detalles críticos como números de cédula, testimonios y antecedentes penales, sin considerar las consecuencias que esto conlleva.

La divulgación de esta información confidencial en las redes sociales puede resultar en penas de prisión de 5 a 7 años, según el artículo 273 del COIP. Más detalles en el reportaje de Elaine Sánchez.