El apoderado de Petrolia, Ramiro Páez, explicó que, según la resolución de adjudicación firmada por la ministra Manzano el 28 de febrero, el consorcio tenía un plazo de 30 días laborables para el pago del bono. Sin embargo, Noboa redujo este tiempo a una semana, exigiendo el desembolso antes del 11 de marzo de 2025 a las 21:00, bajo la advertencia de no firmar el contrato de operación si no se cumple con la consignación.
Preocupación por el recorte del plazo
Páez señaló que Sinopetrol está trabajando para reunir los fondos, pero advirtió que será difícil completar el pago en el tiempo estipulado por el presidente. «Estamos tratando de concretar una reunión con la ministra o con el mismo presidente para solicitar una extensión del plazo», indicó.
Asimismo, enfatizó la importancia de respetar los términos originales de la adjudicación, ya que el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos establece que el pago debe realizarse al momento de la firma del contrato.
Financiamiento del bono
Las empresas integrantes del consorcio aportarán el dinero de acuerdo con su participación: Amodaimi (60%) deberá aportar USD 900 millones, mientras que Petrolia (40%) cubrirá USD 600 millones.
Para cumplir con su parte del bono, New Stratus Energy (matriz de Petrolia) anunció que recurrirá a varias fuentes de financiamiento:
- Acuerdo de financiamiento y compra con un comprador global por USD 480 millones.
- Oferta de Recibo de Suscripción por ingresos brutos de aproximadamente USD 70 millones.
- Oferta de Acciones Ordinarias por ingresos brutos de aproximadamente USD 10 millones.
- Montos adicionales mediante deuda, deuda convertible u otras fuentes de financiamiento de capital.
Páez explicó que, en este tipo de operaciones, las reservas de crudo pueden ser usadas como garantía para obtener financiamiento de bancos o traders de petróleo, pero esto solo es posible una vez firmado el contrato.
El campo Sacha, ubicado en la provincia de Orellana, es el más productivo del país y cuenta con petróleo de alta calidad. La incertidumbre sobre el pago del bono y la reducción del plazo genera dudas sobre el futuro de esta concesión clave para el sector energético ecuatoriano.
