La vicepresidenta Verónica Abad se pronunció tras la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó la suspensión de sus derechos políticos por dos años.
Abad denuncia irregularidades en el proceso
Un día después de conocerse la decisión, Abad aseguró que, mientras estaba en Israel, denunció lo que considera irregularidades en la denuncia interpuesta por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien la acusó de violencia política de género.
A través de su cuenta en X, la vicepresidenta afirmó que no ha sido notificada formalmente conforme a la ley:
“No se me ha notificado de acuerdo con lo que la ley establece. No he firmado ni recibido recepción alguna de manera personal”, declaró.
📌En mi destierro a Israel denuncié las irregularidades del proceso de ésta denuncia de la Canciller Somerfeld; al mismo tiempo que me montaban un sumario administrativo con mentiras del MDT comprobadas por la Juez Vera.@TCE_Ecuador
— Verónica Abad (@veroniabad) March 25, 2025
1) No se me ha notificado de acuerdo como la… https://t.co/TZgEOTZAXk
Además, sostuvo que «no existe una sola prueba» que demuestre que sus declaraciones constituyen violencia política de género.
En este contexto, anunció que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el juez Guillermo Ortega, quien dictó la sentencia en primera instancia, por presunto prevaricato.
¿Qué implica la suspensión de derechos políticos?
Si bien la sentencia no implica su destitución del cargo, limita su capacidad de participación política en el país. Según el artículo 61 de la Constitución, Abad no podrá:
- Elegir ni ser elegida para cargos de elección popular.
- Participar en asuntos de interés público.
- Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.
- Fiscalizar actos del poder público.
- Desempeñar empleos y funciones públicas.
- Conformar, afiliarse o participar en decisiones de partidos y movimientos políticos.
El proceso sigue abierto
Los jueces del TCE no se han pronunciado sobre el alcance de la sentencia. No obstante, tras la notificación del fallo, existe un plazo de tres días para que la canciller Sommerfeld o la propia Abad interpongan un recurso de aclaración y ampliación.
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