En Ecuador, la legislación establece que los adolescentes y niños que cometan actos terroristas, como disparar un arma en un aula de clases o participar en un ataque armado a un canal de televisión estatal, son considerados penalmente inimputables. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, estos menores no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán sanciones previstas en las leyes penales, sino que estarán sujetos a medidas socioeducativas.
Este marco legal, que no varía durante el conflicto armado interno decretado por el Estado ecuatoriano, ha reavivado el debate sobre si los menores infractores deberían ser juzgados como adultos o si se deben implementar políticas públicas más efectivas para prevenir que los jóvenes caigan en manos de grupos narcoterroristas.
El conflicto ha generado opiniones divididas entre la ciudadanía. Algunos ciudadanos exigen a los legisladores que endurezcan las leyes y penalicen a los menores infractores, incluso si son considerados inimputables. Sin embargo, hay quienes argumentan que encerrar a estos menores sin un enfoque de rehabilitación podría empeorar la situación.
El abogado penalista Julio César Cueva sostiene que encerrar a menores infractores sin un plan de rehabilitación adecuado, como sucede en los Centros de Internamiento, no resuelve el problema y puede resultar contraproducente. Propone realizar estudios clínicos para evaluar el nivel de conciencia de los menores al cometer delitos graves.
Por otro lado, el psicólogo clínico Walter Fernández advierte que endurecer las leyes para menores infractores podría violar sus derechos humanos. Sostiene que muchos de estos jóvenes no son conscientes de la gravedad de sus acciones y son manipulados por bandas narcocriminales que aprovechan su vulnerabilidad.
El debate se intensifica en medio de casos emblemáticos, como el de niños de 12 años utilizados como custodios en un centro de mando ilegal de grupos terroristas en Guayaquil.
El país enfrenta el desafío de equilibrar la justicia con medidas que aborden las causas subyacentes que llevan a los menores a participar en actividades criminales.
