Con 77 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Reformatoria al Cootad, una normativa que obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a destinar mínimo el 70 % de su presupuesto a inversión y obras públicas, reduciendo el peso del gasto corriente.
La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo y calificada como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de frenar el crecimiento del gasto burocrático y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en servicios básicos para la ciudadanía.
Según explicó la ponente del proyecto, Valentina Centeno, la reforma busca que el dinero público se refleje en obras concretas. “Ahora corresponde fiscalizar que los recursos se inviertan en agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de desechos sólidos, atendiendo las necesidades urgentes del pueblo ecuatoriano”, sostuvo.
La bancada oficialista anticipó que defenderá la normativa ante eventuales demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.
70 % obligatorio para inversión
El eje central de la reforma establece que al menos el 70 % del presupuesto de los GAD deberá destinarse a gasto no permanente, es decir, a inversión, mantenimiento y ejecución de obras.
Entre las áreas prioritarias constan:
- Agua potable y saneamiento
- Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
- Vialidad urbana
- Infraestructura básica y servicios esenciales
La medida busca cerrar brechas históricas en servicios públicos y evitar que los recursos se concentren en estructuras administrativas.
Límite al gasto corriente
La nueva normativa también impone límites al crecimiento del gasto corriente, especialmente en rubros como sueldos y funcionamiento interno de los gobiernos locales.
De acuerdo con el informe legislativo, en años recientes menos del 40 % del presupuesto de los GAD se destinaba a inversión, lo que evidenció una tendencia creciente hacia el sostenimiento burocrático en detrimento de la obra pública.
El texto aprobado aclara que la ley no elimina la autonomía política, administrativa ni financiera de los gobiernos locales, sino que establece reglas de disciplina fiscal para asegurar sostenibilidad y uso eficiente de los fondos transferidos desde el Estado central.
Entrada en vigencia inmediata
Al tratarse de una ley económica urgente, la reforma entrará en vigencia una vez publicada en el Registro Oficial. Desde ese momento, los GAD deberán ajustar sus presupuestos para cumplir con la asignación obligatoria del 70 % a inversión.
La Asamblea sostiene que el propósito es claro: que cada dólar transferido a municipios y prefecturas se convierta en obras tangibles para la ciudadanía, y no en un incremento del aparato administrativo.
