Reforma al Cootad ya rige: GAD deberán destinar hasta el 70 % de su presupuesto a inversión y comienzan demandas

La reforma al Cootad ya está vigente y obliga a los GAD a destinar hasta el 70 % de su presupuesto a inversión, mientras se presentan demandas en la Corte Constitucional.

La Ley Reformatoria a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que modifica el Cootad, ya fue publicada en el Registro Oficial y entró oficialmente en vigencia, obligando a municipios y prefecturas a cambiar la estructura de sus presupuestos desde este año.

La normativa establece que en 2026 los GAD deberán destinar al menos el 65 % de su presupuesto a inversión, porcentaje que subirá al 70 % en 2028. La disposición busca priorizar obras y servicios básicos por encima del gasto administrativo.


Restricción clave: no se podrá usar la partida 71 como inversión

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es que las prefecturas y municipios no podrán contabilizar la partida presupuestaria 71 como gasto de inversión. Este rubro suele utilizarse para contratar personal vinculado a obras o proyectos.

La medida ha generado preocupación entre autoridades locales, que advierten que algunas iniciativas sociales y programas comunitarios podrían verse afectados. Sin embargo, han asegurado que buscarán mecanismos para mantener la atención a los sectores más vulnerables.


Primera demanda en la Corte Constitucional

La reforma ya enfrenta resistencia en el ámbito jurídico. La mañana de este lunes 23 de febrero, el concejal de Quito, Andrés Campaña, presentó la primera demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

A esta acción se sumarían otras autoridades y organizaciones, entre ellas:

  • El alcalde de Quito, Pabel Muñoz
  • La prefecta de Pichincha, Paola Pabón
  • La viceprefecta de Imbabura
  • La bancada de la Revolución Ciudadana
  • UNE
  • Pachakutik

Estos actores consideran que la reforma podría afectar la autonomía financiera de los gobiernos locales.


Ajustes presupuestarios obligatorios

Con la ley ya vigente, los GAD deberán reformular sus presupuestos para cumplir con el nuevo porcentaje obligatorio de inversión. El incumplimiento podría generar observaciones en los procesos de control.

El debate ahora se traslada a la Corte Constitucional, donde se definirá si la reforma se mantiene en firme o si se introducen cambios en su aplicación.

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