Las Fuerzas Armadas del Ecuador han iniciado este 18 de junio un despliegue estratégico de 13.000 efectivos militares hacia las provincias con mayor incidencia de criminalidad: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Esta medida, ejecutada en tiempo récord, responde a la declaratoria de un nuevo estado de excepción y a la fase de «guerra total» anunciada por el presidente Daniel Noboa contra las bandas delictivas.
Control territorial en la zona costera
Los uniformados, movilizados desde zonas con índices delictivos menores, tienen como misión principal recuperar el control de las rutas del narcotráfico que conectan al Ecuador con los mercados de Europa y Norteamérica. La provincia del Guayas, epicentro de la violencia con 1.521 asesinatos registrados hasta mayo, concentrará a unos 6.000 militares, quienes se integrarán al bloque de seguridad permanente en Guayaquil.
El general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas, enfatizó que el objetivo es disminuir las muertes violentas y devolver la percepción de seguridad a la ciudadanía. Las operaciones incluyen:
- Intensificación de patrullajes terrestres y marítimos.
- Controles rigurosos de armas, municiones y explosivos.
- Intervenciones tácticas contra estructuras de crimen organizado.
Cooperación internacional y «guerra total»
La ratificación del conflicto armado interno —decreto original de 2024— habilita ahora una fase sin precedentes: la participación de militares extranjeros con inmunidad. Tras los acercamientos con el Pentágono, el presidente Noboa aseguró que las tropas aliadas trabajarán junto al bloque de seguridad ecuatoriano.
«Desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo», afirmó Noboa en un comunicado oficial.
Además, el Decreto Ejecutivo 424 establece medidas de respaldo jurídico, permitiendo el indulto o conmutación de penas para el personal policial, militar y civil que participe en estas operaciones en defensa del Estado. Esta ofensiva busca revertir el trágico récord de 9.281 asesinatos registrado en 2025, buscando reducir la tasa de homicidios que actualmente sitúa a Ecuador como una de las naciones más golpeadas por la violencia en Latinoamérica.
