La caída de un peso pesado de la política local y empresarial sacudió este martes 28 de julio de 2026 al sur de Ecuador. El exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo detenido en megaoperativo, enfrenta ahora a la justicia tras ser señalado por el propio Gobierno como uno de los principales financistas de la estructura narcodelictiva Los Lobos.
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— Minuto & Medio (@MinMedio) July 28, 2026
El exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, fue trasladado al Cuartel Modelo de la Policía Nacional, tras su captura durante un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía la madrugada de este martes 28 de julio. Las autoridades lo… pic.twitter.com/Hr2ip2pGZ3
De la alcaldía a la mira de la justicia por oro y lavado
La madrugada estuvo marcada por la tensión en las provincias de Azuay y El Oro. La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron 10 allanamientos simultáneos en ciudades como Machala y el cantón minero, interviniendo cuatro empresas y logrando la captura de seis personas en total.
El operativo, confirmado por el ministro del Interior, John Reimberg, apunta directamente contra la red liderada por Elías Baldor Bermeo Cabrera —conocido en la zona como el «príncipe minero»—, a quien se investiga por una presunta trama de lavado de activos, minería ilegal, distribución de explosivos y exportación clandestina de oro sin justificar su origen ni concesiones legales. Las autoridades incautaron 13 vehículos, fajos de dinero en efectivo, documentos y equipos electrónicos.
Un historial turbio y empresas bajo la lupa
El exfuncionario, quien administró el cantón azuayo hasta 2023, empresario minero, propietario de clubes de fútbol y vinculado a procesos judiciales previos por sabotaje e incautación de bienes, mantenía múltiples tentáculos comerciales. Entre las firmas asociadas a su círculo figuran Transestepa, Metalminerales, BBC Golden, Corporación Industrial Minera del Sur, El Yacimiento SAS, BBC-CocoaGold y BMG Gold (estas dos últimas creadas en 2025).
Con su captura y el inicio de los trámites legales correspondientes, el caso marca un precedente en las investigaciones del Estado contra las economías criminales que financian la violencia en el país.
