La Contraloría General del Estado determinó que Sebastián Corral Bustamante no debió ser designado ni posesionado como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República en el gobierno de Guillermo Lasso, debido a que era accionista de dos compañías con contratos vigentes con el Estado.
Luego de realizar un examen especial de cumplimiento de requisitos, prohibiciones e inhabilidades previo a la designación y posesión de Corral Bustamante, la Contraloría encontró que este no cumplía con los requisitos legales para ocupar el cargo. A pesar de ser accionista de las empresas Centro de Radio y Televisión Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil S. A., que mantenían contratos con el Estado, Corral fue designado y posesionado como secretario general.
El examen especial reveló que esta designación contravenía el artículo 152 de la Constitución, que prohíbe a personas naturales propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas con contratos con el Estado ocupar cargos de ministro de Estado.
A pesar de que Corral presentó una declaración de conflicto de interés asegurando que no tenía conflictos para asumir el cargo, la Contraloría determinó que su vinculación con las empresas contravenía la ley.
En su informe, la Contraloría recomendó al director de Administración del Talento Humano que antes de la posesión y vinculación de personal de nombramiento de libre remoción, se verifiquen y validen los informes técnicos para asegurar que los servidores no estén incursos en prohibiciones e inhabilidades para ocupar cargos con rango de ministro de Estado.
