La parroquia rural Simón Bolívar, en la provincia de Santa Elena, es descrita por sus habitantes como un oasis de paz, con una población de alrededor de 5.000 habitantes dispersos en ocho comunas y tres recintos a lo largo de 40 kilómetros. A pesar de su tranquilidad, la seguridad se ha convertido en una preocupación creciente, especialmente en Julio Moreno y Juntas del Pacífico, las comunidades más cercanas al sitio donde se planea construir una nueva megacárcel.
El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la construcción de dos nuevas prisiones, una de las cuales estará en Santa Elena. Sin embargo, en la zona no han comenzado los movimientos de tierra para la construcción, y los habitantes están preocupados por el impacto que esto pueda tener en sus comunidades.
La nueva cárcel se planea construir en terrenos estatales, en una antigua hacienda de 300 hectáreas. Sin embargo, la ubicación presenta desafíos logísticos debido a su difícil acceso y los caminos rurales destapados que se vuelven intransitables durante la temporada de lluvias. Además, hay preocupación por el posible impacto en las tierras comunales de las familias de Juntas del Pacífico, que han estado cultivando la tierra durante generaciones.
Para abordar estas preocupaciones, autoridades locales y del Servicio de Atención a Privados de la Libertad visitaron la zona para dialogar con los comuneros y buscar soluciones que no afecten sus tierras ni su forma de vida. Aunque algunos comuneros no se oponen a la construcción de la cárcel, piden que se respeten sus tierras y su derecho a vivir en paz en su comunidad ancestral.
