La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto delito de obstrucción a la justicia, que involucra a Wilman Terán Carrillo, fue pospuesta para el 18 de julio debido a contratiempos durante la sesión, según decisión del juez nacional Julio Inga Yanza.
Debido a incidentes provocados por Wilman Terán Carrillo, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de obstrucción a la justicia se aplazó para el próximo 18 de julio, según orden del juez nacional Julio Inga Yanza.
Wilman Terán Carrillo, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, además de obstrucción a la justicia en el caso Independencia Judicial, se declaró en rebeldía y rechazó ser defendido por alguien que no fuera él, alterando significativamente el proceso que se lleva a cabo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El juez de la Sala Penal de la CNJ, Julio Inga Yanza, decidió postergar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para el 18 de julio a las 08:30, tras haber sido programada originalmente para la mañana del sábado 13 de julio.
La audiencia fue pospuesta debido a incidentes protagonizados por Wilman Terán, procesado por obstrucción a la justicia en un caso que investiga irregularidades en sanciones y la destitución del exjuez Walter Macías.
Terán interrumpió cuando el fiscal Wilson Toainga iba a presentar alegatos, reclamando estar en indefensión y denunciando violaciones a sus derechos. Quiere defenderse personalmente, pero enfrenta obstáculos del SNAI para acceder a medios digitales.
Después de que Wilman Terán quedara en estado de indefensión, el juez Inga nombró a dos defensores públicos para representarlo y multó a los abogados de Terán con un salario básico por abandonar la audiencia.
Sin embargo, Terán envió un escrito renunciando a ser defendido por abogados estatales y afirmó que ejercería su propia defensa. «No autorizo a ningún defensor público ni particular para defenderme», advirtió.
Además, informó a Inga que lo denunció por una supuesta omisión de denuncia, una contravención contra la tutela judicial efectiva en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta se configura cuando un servidor público, al conocer de un hecho que podría ser un delito, no lo informa inmediatamente a la autoridad, arriesgándose a una pena privativa de libertad de 15 a 30 días.
