448 latas de atún y 12 de sardina para alimentar a casi 5,000 reos: ¡El hambre azota la Penitenciaría del Litoral!

En nueve cárceles de Guayas, incluida la prisión de Guayaquil, el servicio de alimentación ha sido suspendido durante los últimos tres días.

Familiares de los reclusos en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil lograron ingresar este lunes 3 de junio 448 latas de atún y 12 de sardina para alimentar a los casi 5,000 presos en medio de una crisis alimentaria que afecta a diez prisiones en Guayas. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) no ha proporcionado una solución clara sobre la logística de recepción de alimentos.

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), estas conservas fueron lo único permitido, ya que en la Penitenciaría del Litoral no se permite preparar comida. La CDH y la Iglesia católica planean donar más alimentos el martes 4 de junio, mientras que las madres de los reclusos piden enviar medicinas.

Además, la CDH anunció que solicitará una medida cautelar ante la justicia por la suspensión del servicio de alimentación. Este problema es común en las cárceles de Guayas, donde 20 centros penitenciarios, incluyendo los de la zona norte del país, carecen de una empresa formal de servicios de alimentación, dependiendo en su mayoría de donaciones de la Iglesia y de familiares de los reclusos.

A pesar de las medidas cautelares dictadas por un juez de Quito el 2 de mayo de 2024 en favor de las personas detenidas, el SNAI aún no ofrece una solución a la escasez de alimentos.

Lafattoria S.A. anunció este domingo 2 de junio la suspensión del servicio de alimentación, argumentando una deuda millonaria de 30 millones de dólares por parte del Estado ecuatoriano. La compañía asegura que esta deuda ha sido reconocida públicamente por las autoridades estatales, y esta acción ha llevado al despido de más de 200 empleados.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justifica la decisión de cortar la relación con Lafattoria S.A., afirmando que la empresa podría tener conexiones con el crimen organizado, que supuestamente controla actividades dentro de las prisiones del país. Noboa señala que su gobierno no favorecerá a proveedores con vínculos delictivos, criticando a gobiernos anteriores por haber permitido esta situación durante años.

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