Durante años, la minería ilegal ha «devorado» la provincia de Napo ante la mirada pasiva de las autoridades. En enero de este 2026, un grupo de diez valientes periodistas logró ingresar a zonas donde la ley no existe y el crimen organizado impone sus propias reglas. Lo que encontraron fue una escena de guerra ambiental: la vegetación en zonas protegidas ha sido borrada del mapa y las fuentes de agua, esenciales para las comunidades locales, han sido contaminadas con metales pesados.
Lo más alarmante de esta incursión fue la confirmación de que la minería ilegal no solo opera en la clandestinidad, sino que se ha infiltrado dentro de las propias concesiones entregadas por el Estado, desvirtuando cualquier control gubernamental y convirtiendo la riqueza natural en el botín de grupos delictivos.
Prohibición ministerial: ¿Solución o abandono?
Dos semanas después de que estas imágenes devastadoras recorrieran el país, el Gobierno emitió una resolución ministerial que prohíbe las actividades mineras en la cuenca del Napo, así como en sectores críticos de Loja y El Oro. Si bien la maquinaria pesada ha comenzado a retirarse de las riberas, el panorama que dejan atrás es desolador. Miles de hectáreas de bosque primario han desaparecido, dejando un suelo estéril y comunidades enfermas que ahora deben lidiar con el legado del mercurio y la destrucción.
La sombra de la impunidad
A pesar de la medida administrativa, el clamor ciudadano se centra en la falta de responsables. La pregunta que flota en el aire es: ¿quién pagará por la restauración de estos ecosistemas? Hasta el momento, no existen procesos judiciales contundentes contra los cabecillas de estas redes ni contra los funcionarios que permitieron que la minería «devorara» la provincia por más de una década. La salida de la maquinaria marca el fin de una etapa de extracción, pero el inicio de una larga lucha contra la impunidad que aún protege a quienes financiaron este desastre ambiental.
#Televistazo | ⛏️ La minería afectó ríos y fuentes de agua de la provincia de Napo y devastó la vegetación en zonas protegidas.
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) February 9, 2026
📄Un informe de la Universidad de Ikiam revela la gravedad de la extracción minera, suspendida desde esta semana por el Ministerio de Ambiente y… pic.twitter.com/FyP1D7Tawk
¿Alcanza con la suspensión?
Si bien el Ministerio de Ambiente y Energía emitió una resolución este 2 de febrero para suspender toda actividad minera en la provincia, la medida llega tras más de una década de «devoramiento» sistemático del ecosistema. Las imágenes captadas por periodistas y académicos muestran una selva fragmentada donde el crimen organizado ha operado con total libertad. Aunque la maquinaria se retira, el veneno permanece en el agua y la tierra, dejando una crisis sanitaria y ambiental de la que nadie se hace responsable. La pregunta persiste: ¿cómo se restaurará una Amazonía que ha sido envenenada por el propio extractivismo estatal y criminal?
El color de la muerte en los ríos amazónicos
Lo que antes eran caudales cristalinos, hoy son corrientes de color “chocolatoso”. Esta preocupante tonalidad no es solo lodo; es la señal inequívoca de que las aguas han sido saturadas con materiales tóxicos como mercurio y cianuro, químicos letales utilizados para la separación del oro. Según el informe de la Universidad Ikiam, ríos como el Yutzupino, Chucapi, Chimbiyaku, Tuyano y Huambuno presentan niveles de plomo, aluminio, manganeso, cobre e hierro que exceden con creces los límites permitidos para la vida silvestre y humana.
