Es una escena común en el norte de Guayaquil: un residente llega a su urbanización y se encuentra con que su tarjeta de acceso ha sido desactivada o el personal de seguridad le impide el ingreso por tener valores pendientes de alícuotas. Sin embargo, bajo el marco legal del Ecuador, esta medida es ilegal. La Constitución garantiza el derecho a la vivienda y al libre tránsito, y ningún reglamento interno de una junta de propietarios puede vulnerar un derecho constitucional.
Lo que NO pueden hacer las directivas
De acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal y diversas sentencias de la Corte Constitucional, las urbanizaciones tienen prohibido:
- Bloquear el ingreso vehicular o peatonal: No pueden obligar al residente a usar la «puerta de visitantes» o esperar a que alguien le abra.
- Suspender servicios básicos: No pueden cortar el agua (que es un derecho humano) ni la luz, aunque existan deudas.
- Prohibir el uso de áreas comunes esenciales: Si bien pueden limitar el uso del club social o la piscina, no pueden impedir el acceso a parques o áreas de circulación necesarias para llegar a la vivienda.
¿Cómo deben cobrar legalmente?
La vía correcta para que una administración recupere las deudas no es la coacción en la garita, sino la vía judicial.
- Procedimiento Monitorio: Es el camino legal para cobrar alícuotas impagas. Con la certificación de la deuda firmada por el administrador, se puede iniciar una demanda para que el juez ordene el pago.
- Intereses de mora: La ley permite cargar el interés máximo convencional a las deudas pendientes, lo cual sirve como mecanismo de presión legal.
- Certificados de expensas: El residente que no esté al día no podrá obtener el certificado necesario para vender o hipotecar su propiedad, lo que garantiza el pago a largo plazo.
¿Qué hacer si te impiden el paso?
Si un guardia de seguridad o administrador bloquea tu entrada, puedes llamar a la Policía Nacional para que se realice un parte por la vulneración del derecho al libre tránsito. Además, puedes presentar una Acción de Protección ante un juez para que se restablezcan tus derechos de acceso de forma inmediata.
