El sistema judicial ecuatoriano enfrenta un nuevo episodio de violencia sistemática en la provincia de El Oro. Este lunes 11 de mayo de 2026, se confirmó el asesinato de la jueza Lady Pachar Huanga tras un ataque perpetrado por sicarios en la ciudad de Machala. La magistrada, quien ejercía funciones en la Unidad Judicial Penal del cantón Santa Rosa, fue interceptada mientras se desplazaba en su vehículo particular por la avenida Colón Tinoco, en las inmediaciones de la ciudadela Machalilla.
Falta de protocolos de protección
En primer lugar, el Consejo de la Judicatura ratificó el deceso de la funcionaria a través de un pronunciamiento institucional. La entidad reveló un detalle crítico sobre las garantías de seguridad de la magistrada. A pesar de contar con medidas de protección asignadas legalmente, estas no se encontraban operativas al momento del atentado. Por esta razón, la institución ha solicitado formalmente una investigación exhaustiva para identificar las causas del fallo en el esquema de custodia.
🔴 | #ComunicadoOficial
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) May 12, 2026
El @CJudicaturaEc expresa su profunda consternación y total rechazo ante el asesinato de la jueza de la Unidad Judicial de Santa Rosa, Lady Gissela Pachar Huanga, ocurrido este 11 de mayo en Machala.
Nos solidarizamos con su familia, amigos y… pic.twitter.com/q3uAORkCcY
Hallazgos de la Policía Nacional y avances técnicos
Unidades especializadas de la Policía Nacional iniciaron las diligencias de campo de forma inmediata. Durante los operativos de rastreo, los agentes confirmaron el hallazgo de dos vehículos que habrían sido utilizados por los atacantes para ejecutar el crimen. De acuerdo con los peritajes preliminares, los automotores fueron abandonados en sectores estratégicos tras el atentado. Criminalística se encuentra procesando las evidencias recolectadas para establecer la identidad de los autores materiales.
Impacto en el Estado de derecho
Por otro lado, este suceso genera una profunda alarma sobre la vulnerabilidad de los operadores de justicia en el país. El fallecimiento de la jueza Pachar intensifica el debate sobre la necesidad de protección efectiva para quienes procesan causas de alta peligrosidad. Asimismo, la Función Judicial ha instado a las autoridades de Gobierno a garantizar la integridad de los magistrados. Se espera que la Fiscalía General del Estado lidere la instrucción fiscal para evitar que este crimen permanezca en la impunidad.
El asesinato de la jueza Lady Pachar representa un ataque directo a la institucionalidad del país. Las autoridades mantienen un cerco de seguridad en los accesos de la provincia mientras continúan las investigaciones. La comunidad jurídica nacional ha expresado su solidaridad con la familia de la víctima, exigiendo que se esclarezcan las motivaciones detrás de este lamentable sicariato.
