La mañana de este martes 3 de febrero de 2026, efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional irrumpieron en las oficinas de una empresa de seguridad situada en el sector de Kennedy Norte, en el norte de Guayaquil. Tras un registro minucioso, los uniformados descubrieron que la firma no solo almacenaba equipo de vigilancia convencional, sino que escondía 41 armas de fuego y aproximadamente mil municiones, además de dos teléfonos celulares que ahora están en manos de inteligencia militar para ser periciados. Durante la diligencia, dos ciudadanos que se encontraban en el sitio fueron aprehendidos, aunque sus identidades aún se mantienen bajo reserva mientras la Fiscalía formula los cargos correspondientes.
#Guayaquil | Las FF.AA a través del Bloque de Seguridad, ejecutaron un allanamiento de una empresa de seguridad privada, presuntamente vinculada a actividades ilícitas. Se registraron ciudadanos aprehendidos y material decomisado, puestos a órdenes de la autoridad competente. pic.twitter.com/KyXWyIzplY
— Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) February 3, 2026
Las investigaciones preliminares apuntan a que esta compañía podría mantener vínculos directos con un grupo de delincuencia organizada. Según el Bloque de Seguridad, este operativo es la continuación de una serie de intervenciones a empresas de fachada que estarían relacionadas con la estructura de alias Marino, un cabecilla criminal que fue asesinado en una exclusiva urbanización de la isla Mocolí, en Samborondón. En procedimientos previos vinculados a este mismo caso, las autoridades ya habían detectado armamento con las series numéricas alteradas, lo que confirmaría que estas empresas son utilizadas para legalizar armas que terminan en manos de sicarios y custodios de las mafias.
Vigilancia sobre las empresas de seguridad privada
Este golpe pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de depurar el sector de la seguridad privada en el país, especialmente en zonas críticas como Guayaquil. Las autoridades sospechan que estas compañías funcionan como brazos logísticos para proveer armamento «legal» a delincuentes de alto perfil, permitiéndoles circular con pertrechos militares bajo una apariencia de formalidad. Con este operativo, el Gobierno busca desarticular la red de apoyo que dejó alias Marino y advierte que la fiscalización a todas las empresas de seguridad en la Zona 8 se intensificará para evitar que sigan operando como centros de acopio para el crimen organizado.
