Justicia resolverá apelación de uniformados procesados por presunta delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos

La Sala de lo Penal decidirá la situación jurídica de ocho uniformados vinculados a una estructura que facilitaba la sustracción de combustible de los poliductos estatales.

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El próximo 11 de mayo de 2026, se llevará a cabo la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por cinco policías y tres militares. Los procesados fueron capturados durante el pasado mes de abril, bajo cargos de presunta participación en una red dedicada al tráfico de combustible con operaciones en seis provincias del país.

El impacto económico y operativo

Según las investigaciones lideradas por la Unidad de Conducta Policial, los uniformados implicados habrían facilitado seguridad y filtrado información estratégica para permitir la perforación de poliductos en Montecristi, Santa Elena y La Concordia.

Se estima que, por cada intervención ilegal, la red sustraía aproximadamente 50.000 galones de hidrocarburos. Esta actividad ilícita representó un perjuicio económico para el Estado de 154 millones de dólares durante el ejercicio fiscal de 2025. El combustible, según los informes de inteligencia, era trasladado hacia la frontera con Colombia.

Esquema de transacciones financieras

El acta de la audiencia de formulación de cargos detalla que los pagos por estos servicios se gestionaban a través de cuentas bancarias de terceros. Los implicados habrían utilizado a familiares y conocidos para recibir transferencias que oscilaban entre los USD 200 y USD 4.000, con el fin de evitar las alertas en el sistema financiero.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen:

  • Explotación técnica de dispositivos móviles: Mensajes de texto y chats donde se coordinaban los pagos y la custodia de los camiones.
  • Análisis bancario: Coincidencia de depósitos con las fechas en las que Petroecuador reportaba bajas de presión o denuncias de robo en sus acueductos.
  • Identificación de roles: La determinación de figuras clave encargadas de la redistribución del dinero ilícito entre los miembros de la fuerza pública involucrados.

El tribunal deberá decidir si los elementos presentados justifican la permanencia de los procesados en prisión preventiva o si se dictan medidas alternativas para que continúen su defensa en libertad.

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