Lo que empezó como un operativo por un caso nuevo, terminó revelando una falta grave en un proceso anterior. Cuando la Policía detuvo al alcalde Aquiles Alvarez el pasado 10 de febrero, notaron algo inusual: el funcionario no portaba el grillete electrónico que la justicia le había ordenado usar meses atrás por el Caso Triple A. Este detalle, registrado en el parte policial, ha puesto en marcha un pedido urgente de la fiscal Ruth Amoroso para cambiar las condiciones en las que el alcalde enfrenta sus procesos.
El grillete no es opcional
El SNAI (la institución encargada de las cárceles y la vigilancia) ha sido enfático: estos dispositivos no son accesorios que el usuario pueda quitarse a voluntad. Al recibir un grillete, la persona firma un compromiso de responsabilidad, y solo los técnicos autorizados pueden retirarlo con una orden del juez. El hecho de que el alcalde no lo tuviera puesto se interpreta como una ruptura de las reglas impuestas para que pudiera seguir en libertad mientras lo investigan.
Miles de alarmas en el sistema
Pero el problema no termina en la detención. Un informe del SNAI revela que, en apenas ocho meses, el equipo asignado a Alvarez registró 2.769 alertas y alarmas. En términos sencillos, el sistema de monitoreo detectó miles de veces que algo no estaba bien: ya sea por falta de batería, pérdida de señal o posibles intentos de manipulación.
¿Qué pasará ahora?
Con estas pruebas, la Fiscalía General ha solicitado al juez Renán Andrade que fije una fecha para una audiencia especial. En esta cita, la fiscal explicará por qué considera que el alcalde ya no debe seguir bajo vigilancia electrónica, sino que requiere una medida más estricta. El incumplimiento del uso del grillete es un argumento fuerte que podría inclinar la balanza hacia una orden de prisión preventiva definitiva para asegurar que no se aleje del proceso judicial.
