La decisión del presidente Daniel Noboa de derogar la tabla del consumo de drogas ha desatado una serie de debates legales y de salud pública en Ecuador. La medida, que busca priorizar el enfoque preventivo sobre el curativo, ha generado opiniones divididas entre expertos y autoridades.
El abogado penalista, Pablo Encalda, señala que la derogatoria de la normativa podría resultar en la criminalización de los adictos y consumidores, y contradecir la Constitución que aborda las adicciones como un problema de salud pública. Por otro lado, el ministro de Salud, Franklin Encalada, defiende la estrategia de tratar a las personas con problemas de adicción como pacientes en lugar de potenciales delincuentes.
Desde la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se destaca que la tabla es referencial y se propone un diálogo para definir su alcance y evitar la impunidad. El presidente de la CNJ, Iván Saquicela, planea convocar una reunión con jueces y la Ministra del Interior para discutir la aplicación de la disposición y garantizar que no se criminalice sin fundamentos
