En una sesión estratégica celebrada en Cuenca este 17 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional aprobó con 84 votos la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. El eje central de esta normativa es la reforma al artículo 678, que establece una segmentación técnica de los centros de rehabilitación social.
A partir de esta ley, las prisiones se dividirán estrictamente en tres niveles: Máxima, Mediana y Mínima seguridad. Esta estructura busca terminar con el hacinamiento desordenado y permitir un control diferenciado según la peligrosidad de los internos, facilitando la vigilancia estatal.
Segmentación de reclusos por niveles de riesgo
Complementando la infraestructura, la ley introduce una clasificación obligatoria de los reclusos basada en su perfil criminológico. Los privados de libertad serán categorizados en niveles de riesgo alto, medio y bajo.
Esta medida tiene como objetivo principal aislar a los líderes de bandas narcocriminales en pabellones de máxima seguridad, evitando que recluten a internos de menor peligrosidad o coordinen delitos desde el interior de las celdas. Además, la reforma estipula que los presos deberán trabajar para costear sus propias necesidades, promoviendo una rehabilitación activa.
Refuerzo del cuerpo de seguridad con policías retirados
Para solucionar el déficit crítico de 3,600 guías penitenciarios que custodian a más de 34,000 reclusos, la Asamblea aprobó la incorporación de policías y militares en servicio pasivo.
Capacitación y pruebas de confianza
Los uniformados retirados que se sumen al sistema deberán someterse a:
- Pruebas de confianza (incluyendo polígrafo).
- Capacitaciones actualizadas en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza.
- Evaluaciones psicológicas periódicas.
Esta estrategia del Gobierno de Daniel Noboa busca profesionalizar la custodia interna y recuperar la disciplina en los patios y pabellones que anteriormente estaban bajo el control de las mafias.
