El panorama judicial en el caso Goleada dio un giro determinante este viernes, 27 de marzo de 2026. El juez Jairo García, del Tribunal de Garantías Penales especializado en Corrupción y Crimen Organizado, aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva contra el asambleísta Raúl Chávez, integrante de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Con esta vinculación, la lista de procesados por presunta delincuencia organizada asciende a doce personas en total.
Investigación por delincuencia organizada y lavado de activos
La instrucción fiscal, que ahora se extenderá por 30 días adicionales, indaga un entramado societario complejo dedicado a la comercialización irregular de combustible en el país. Según las investigaciones preliminares, este esquema no solo afectaría los recursos estatales, sino que también involucraría delitos graves como lavado de activos y defraudación tributaria. Entre los implicados principales destacan el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos Xavier y Antonio, quienes ya cumplen la medida de prisión preventiva junto a otros procesados.
#CasoGoleada | #FiscalíaEc vincula a Raúl Arturo Ch. N. a la causa por presunta #DelincuenciaOrganizada.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 28, 2026
Conoce cuáles son los elementos de convicción presentados en la audiencia ⬇️ pic.twitter.com/oSFAV95162
Presuntos elementos de convicción y nexos comerciales
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción que permiten presumir la existencia de vínculos comerciales entre el legislador de la alianza RC-RETO y las empresas que forman parte del entramado bajo investigación. Entre los indicios mencionados, se señala que el asambleísta habría sido el presunto beneficiario de transferencias de dinero, tanto a título personal como a través de su empresa, realizadas por personas jurídicas investigadas sin que exista una relación comercial clara que las justifique. Según la tesis de la Fiscalía, estos movimientos evidenciarían una presunta simulación de servicios orientada a obtener beneficios económicos de forma indebida.
Asimismo, las autoridades expusieron el posible traspaso irregular de un vehículo a la compañía del ahora procesado, un hecho del cual no se habría encontrado registro del pago correspondiente. Todos estos elementos se sustentan en presuntas conversaciones grupales e información técnica proporcionada por instituciones como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Además de la detención, el magistrado ordenó el congelamiento de fondos de Chávez en el sistema financiero nacional, ratificando su competencia pese a los intentos de la defensa por trasladar el caso a la Corte Nacional de Justicia.
