La semana pasada fue bastante tumultuosa para el correísmo, especialmente para Rafael Correa. Después de lo sucedido en la Embajada de México en Quito, donde se evitó una supuesta fuga de Jorge Glas según el gobierno de Daniel Noboa, surgieron las declaraciones de Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) y procesado por el caso de Obstrucción de la Justicia. En ellas, afirmaba que Rafael Correa intenta influir en la justicia en Ecuador.
En su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Muñoz reveló que se reunió con el expresidente Rafael Correa Delgado en marzo de 2023, en el hotel Tivoli Mofarrej de Sao Paulo, Brasil.
Durante la reunión, Correa le solicitó su apoyo para Wilman Terán, ex presidente del CJ, a cambio de respaldarlo ante un eventual juicio político en la Asamblea Nacional. También mencionó un plan de regreso a Ecuador en caso de que se aprobara un recurso de revisión presentado por Ramiro Galarza, un sentenciado en el Caso Sobornos, lo que anularía la sentencia.
El pasado jueves 11 de abril, en una entrevista, Correa confirmó el encuentro con Muñoz en esa ciudad. Se había dirigido allí por una invitación del Partido Socialista, y Muñoz lo había contactado a través de un amigo en común.
Muñoz expresó su disgusto por la actitud de Correa, mencionando que se quejó de ser perseguido por el exmandatario Guillermo Lasso y buscaba apoyo político. Además, mencionó la impresión negativa que le dejó Correa, señalando «unos datos terribles sobre sus vicios personales y tanta cosa», lo que le hizo desconfiar de él. Aclaró que nunca había solicitado una reunión con él y que hay una tercera persona que podría testificar al respecto.
La situación se complica para el movimiento en la Asamblea, ya que van perdiendo legisladores. Cuatro asambleístas han abandonado la Revolución Ciudadana: Ferdinan Álvarez, Milton Aguas, Xavier Jurado y Henry Bósquez.
El bloque correísta ha disminuido de 52 a 48 asambleístas en este periodo legislativo. «Les estamos llamando el taxi a los que quieren irse, que les vaya bonito», dijo Correa. Además, señaló que hay un hombre del maletín ofreciendo todo para romper el bloque de la Revolución Ciudadana en el Parlamento.
En la práctica, si Correa regresara al país, sería arrestado debido a la sentencia por corrupción en su contra. El ex presidente, en el cargo de 2007 a 2017, está prófugo de la justicia ecuatoriana desde que fue condenado en 2021 a ocho años de cárcel por el caso Sobornos 2012-2016. Esta sentencia también resultó en la pérdida de sus derechos políticos por 25 años.
Por ello, Correa reside en Bélgica, país que le otorgó estatus de refugio, por lo que si intenta retornar al país será detenido. Además, la Corte Nacional de Justicia solicitó la extradición de Correa el 21 de abril de 2022, pero está detenida y no avanza.
Hay que recordar que en 2020 Correa ya intentó inscribirse como candidato a vicepresidente junto a Andrés Arauz, pero no le fue permitido porque no realizó el trámite de forma presencial. Posteriormente ya ha dicho a medios europeos que no volverá a Ecuador mientras no goce de la inmunidad que, por ejemplo, le concedería una candidatura electoral oficial, ya que de lo contrario “sería suicida”.
