El presidente Daniel Noboa logró obtener, de la Asamblea Nacional, lo que había solicitado en su proyecto de ley económico urgente para financiar el conflicto armado interno y la crisis económica y social. A pesar de las objeciones de sus aliados políticos, como Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC), el proyecto fue aprobado en el pleno el pasado 6 de febrero.
Inicialmente, el presidente proponía un incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 15 % para recaudar alrededor de $1.300 millones. Sin embargo, sus aliados se opusieron a esta medida y propusieron alternativas, como crear una contribución especial de las empresas y los bancos según sus utilidades, junto con el aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al 5 %. Además, se incluyó una reducción del IVA al 5 % para el sector de la construcción, una promesa de campaña de Noboa.
Finalmente, se llegó a un acuerdo en el que se aceptó un aumento del IVA de un punto (13 %) de forma permanente y dos puntos más (al 15 %) de forma temporal hasta el 2026, además de otras medidas que recaudarán alrededor de $700 millones.
Sin embargo, el presidente sorprendió a sus aliados enviando un veto parcial que insistía en el incremento del IVA al 13 %, dejando abierta la posibilidad de subirlo en hasta dos puntos adicionales sin pasar por la Asamblea Nacional. Esta movida generó molestia entre los aliados, que no esperaban esta acción del mandatario y comenzaron a buscar vías legales para impugnarla.
La RC argumenta que la propuesta de modificar el IVA no constaba en el proyecto original ni en lo resuelto por la Asamblea, por lo que Noboa no tenía la autoridad para incluirla en el veto. En tanto, el PSC aún no ha emitido una opinión pública sobre la objeción del mandatario.
Una vez que el veto parcial llegó a la Asamblea, esta tiene 30 días para analizarlo. La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno, deberá elaborar un informe al respecto, que luego se debatirá y votará en el pleno. Mientras tanto, Noboa también enfrenta la tarea de convocar la consulta popular aprobada por la Corte Constitucional sobre las enmiendas constitucionales pendientes.
