La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha reaccionado a la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de aprobar el juicio político en su contra. La funcionaria alertó sobre irregularidades en el informe técnico, destacando que este «carece de argumentos fácticos y jurídicos».
Salazar señaló que el proceso comenzó viciado, según el informe de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea, que indica que la solicitante del juicio político, Gissela Garzón, cumple parcialmente con los requisitos establecidos. La fiscal general expresó que el informe técnico carece de fundamentos y recordó que la solicitud no está enmarcada en los lineamientos constitucionales del debido proceso.
La Fiscalía General del Estado sostiene que la solicitud no cumple con el principio de independencia de funciones y que la aprobación del juicio político carece de argumentos fácticos y jurídicos. Salazar ha afirmado que el juicio busca impunidad y reafirmó el compromiso de la Fiscalía con su labor.
La legisladora Gissela Garzón, promotora del juicio político, sostiene que existen más de una docena de motivaciones para el proceso. Entre ellas, mencionó el abandono hacia los fiscales y el aumento de la inseguridad en el país. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional analizará los motivos presentados para el juicio político contra la fiscal Diana Salazar.
