La tensión entre Quito y Bogotá ha cruzado la línea del papel para golpear directamente al bolsillo del comercio regional. Desde este 1 de mayo de 2026, Ecuador ha oficializado la implementación de una tasa de seguridad del 100% a todas las importaciones provenientes de Colombia, duplicando el arancel que hasta ayer se mantenía en el 50%.
Esta medida, impulsada por el presidente Daniel Noboa, no es solo un movimiento económico, sino una respuesta política y diplomática contundente. El gobierno ecuatoriano justifica este incremento ante lo que denomina una «omisión sistemática» por parte de Colombia en el control de sus fronteras, obligando al Senae (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) a endurecer la fiscalización para frenar el avance de los grupos del narcotráfico.
La respuesta de Bogotá no se ha hecho esperar. En medio de esta guerra arancelaria, el gobierno de Gustavo Petro elevó los impuestos a productos ecuatorianos al 75% y desplegó un contingente de 15,000 militares en la zona fronteriza tras las acusaciones de Noboa sobre supuestas incursiones guerrilleras.
Este choque de potencias andinas pone en jaque la cadena logística y la estabilidad de los mercados, marcando el punto más crítico en las relaciones bilaterales de los últimos años. Con una frontera militarizada y aranceles por las nubes, el comercio entre ambas naciones entra en una etapa de incertidumbre total.
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