El Gobierno Nacional dio un paso decisivo en la reestructuración del sistema carcelario. Mediante la emisión del Decreto Ejecutivo 366, el presidente Daniel Noboa aprobó el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, derogando la normativa que estaba vigente desde el año 2020. Esta reforma busca fortalecer el control estatal y reducir drásticamente los niveles de violencia interna.
Principales cambios en el sistema penitenciario
La nueva reglamentación introduce medidas estrictas para desarticular las estructuras criminales que operan desde el interior de los centros. Por esta razón, el documento establece las siguientes disposiciones clave:
- Prohibición de efectivo: Se elimina la circulación de dinero físico dentro de las cárceles para evitar extorsiones y negocios ilícitos.
- Clasificación por peligrosidad: Se implementa un régimen especial para internos de alta peligrosidad y se crean centros separados para deudores de pensiones alimenticias y contraventores.
- Control tecnológico total: Se dispone la instalación obligatoria de inhibidores de señal y la grabación de comunicaciones.
- Trabajo rehabilitador: La normativa obliga a los internos a participar en actividades laborales como parte de su proceso de reinserción.
Autogestión del grillete electrónico
Un cambio significativo que introduce el Decreto 366 es la sostenibilidad financiera de las medidas alternativas. A partir de ahora, el pago por el uso y mantenimiento del grillete electrónico deberá ser asumido por los propios procesados. Sin embargo, el Estado establece excepciones basadas en la situación socioeconómica del individuo, especialmente en casos de enfermedades catastróficas o insolvencia debidamente comprobada.
Nueva infraestructura para reducir el hacinamiento
Además de la reforma legal, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció la construcción de una nueva infraestructura penitenciaria masiva. Esta obra contará con una capacidad para 15.000 personas privadas de libertad y se extenderá sobre más de 100.000 metros cuadrados. De acuerdo con el cronograma oficial, el proyecto se ejecutará en un plazo de 15 a 18 meses, con el objetivo de aliviar el hacinamiento y garantizar la separación efectiva de los internos según su nivel de riesgo.
Finalmente, con la implementación de estos tres niveles de administración operativa, el SNAI se enfocará en la ejecución técnica para recuperar la soberanía en los centros de rehabilitación del país.
