El reciente asesinato de Santiago Ávalos, quien se desempeñaba como gerente financiero de la Universidad de las Américas (UDLA), ha generado conmoción en la capital. El crimen, registrado el pasado 11 de junio de 2026 en el sector de Miravalle, Quito, es ahora el centro de una exhaustiva investigación liderada por la Fiscalía General del Estado.
🚨 #QUITO | El director de la DINASED, Luis Mantilla, informó que se presume que los detenidos por el asesinato de Santiago Ávalos, gerente financiero de la UDLA, serían compañeros de trabajo de la víctima. pic.twitter.com/aZJi3fvJ6W
— UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) July 10, 2026
Auditorías internas: El posible móvil del crimen
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía reveló hallazgos cruciales que sugieren que el ataque no fue un hecho aleatorio. Según las primeras investigaciones, Santiago Ávalos lideraba auditorías internas de alta sensibilidad dentro de la UDLA. Los elementos presentados por la entidad judicial indican que esta labor de fiscalización habría sido el detonante para que grupos criminales planificaran su ejecución.
La planificación del ataque y los implicados
La teoría del caso sostiene que existió una vigilancia previa sobre la víctima. La Fiscalía identificó a Carlos E., un adolescente de 17 años, como el presunto autor material del asesinato. De acuerdo con el reporte, el menor habría llegado al lugar de los hechos acompañado por Josselyn V., utilizando un vehículo solicitado mediante una aplicación de transporte. Este rastro digital ha sido fundamental para las autoridades.
Entre las pruebas presentadas para sustentar la acusación constan:
- Videos de seguridad de la universidad y de inmuebles aledaños a Miravalle.
- Análisis técnico de registros telefónicos.
- Información estratégica proporcionada por la plataforma de transporte.
- Protocolo de autopsia e inspección técnica ocular.

Cooperación institucional y postura de la UDLA
Ante este trágico suceso, la Universidad de las Américas (UDLA) emitió un comunicado oficial manifestando su absoluto rechazo a la violencia. La institución reafirmó su compromiso de colaborar de manera abierta con la Fiscalía General para el esclarecimiento total de los hechos. «Nuestra prioridad es la seguridad de nuestra comunidad y el respeto a la verdad», señalaron fuentes vinculadas a la universidad, que ha facilitado todos los archivos internos requeridos por los investigadores para determinar las responsabilidades penales de los implicados.
Mientras el proceso judicial se mantiene en etapa de instrucción, la ciudadanía espera que las investigaciones determinen si existen más personas involucradas en este caso de muerte violenta que ha impactado a la comunidad académica en Quito.