El Consejo de la Judicatura informó, mediante un comunicado oficial, que ha expresado su respaldo institucional al magistrado que lleva el denominado caso Goleada y que dispuso la activación inmediata de un protocolo de seguridad para proteger tanto al juez como a su familia.
La medida se adopta en un contexto de alta sensibilidad pública y política, luego de la audiencia de vinculación que involucra al alcalde de Guayaquil y a otros procesados. El organismo aseguró que garantizará la independencia judicial, así como la seguridad de los operadores de justicia frente a cualquier eventual riesgo.
La defensa rechaza amenazas y asegura tener pruebas
El abogado Ramiro García, defensor del alcalde y de sus dos hermanos —también incluidos entre los once procesados— negó de forma categórica que se haya producido alguna amenaza contra el juez durante la audiencia.
A través de su cuenta en X, el jurista afirmó:
“Jamás hubo ninguna amenaza en la audiencia de vinculación, tenemos el audio y video de toda la audiencia”.
La defensa sostiene que los registros audiovisuales completos demostrarían que no existió ningún acto intimidatorio y cuestiona la versión que ha circulado tras la diligencia judicial.
Una investigación por presunto entramado contra la seguridad del Estado
El alcalde de Guayaquil fue detenido el martes 10 de febrero dentro del caso Goleada, proceso en el que la Fiscalía investiga la presunta existencia de un “entramado empresarial creado para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero”.
De acuerdo con la línea investigativa, la estructura bajo análisis habría operado mediante mecanismos que comprometerían áreas estratégicas, lo que otorga al proceso una dimensión de alto impacto institucional.
El vínculo con el caso ‘Triple A’ y la comercialización de combustibles
La causa guarda relación con la comercialización de combustibles, actividad vinculada a un negocio familiar que ya es objeto de otro proceso judicial denominado ‘Triple A’.
En ese expediente, el alcalde enfrenta acusaciones junto a otras 21 personas y empresas, señaladas por la presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
La coincidencia de ambos procesos coloca bajo escrutinio la actividad empresarial vinculada al sector energético y sus posibles implicaciones legales y financieras.
