Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización este 3 de febrero de 2026, el titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, evitó asumir la exposición directa de sus argumentos de defensa frente a las acusaciones que pesan en su contra. En una maniobra que generó críticas inmediatas, Godoy intentó que fuera su equipo legal quien tomara la palabra para sustentar las pruebas de descargo. Sin embargo, la asambleísta Viviana Veloz intervino para detener el procedimiento, recordándole al funcionario que la naturaleza de este proceso es un juicio político y no un trámite penal, lo que obliga constitucionalmente al funcionario acusado a comparecer y defender su gestión de forma presencial y directa ante los legisladores.
La postura de la Comisión de Fiscalización fue tajante al señalar que la delegación de la defensa constituye una falta de respeto al primer poder del Estado y a los principios de fiscalización y control social. Tras la advertencia de Veloz, se enfatizó que el incumplimiento de esta obligación personal podría interpretarse como una falta de argumentos para desvirtuar las causales de incumplimiento de funciones. Este impasse ocurre en un contexto de alta presión política sobre la Judicatura, donde se evalúan presuntas irregularidades en la administración de justicia, y pone a Mario Godoy en una posición comprometida de cara a una posible censura y destitución por parte del Pleno de la Asamblea.
